Adaptarse o quedarse atrás: breve caso de normativa UE y sus impactos en Argentina y la región
Adaptarse o quedarse atrás: breve caso de normativa UE y sus impactos en Argentina y la región
Por Facundo Olsson Saizar
Análisis de una normativa europea y su impacto en la región para entender las necesidades de un futuro no tan lejano.
La normativa de la Unión Europea (UE) está intensificando su enfoque en la adaptación y mitigación del cambio climático. Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre un caso particular, y destacar algunas consideraciones que las organizaciones en América Latina, y especialmente en Argentina deberían evaluar.
El Reglamento de la UE 2023/956, que introduce el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), establece un marco para abordar la fuga de carbono. Este fenómeno ocurre cuando las actividades productivas se trasladan a regiones con normativas ambientales más flexibles que las de la UE. La normativa afecta a varios productos intensivos en emisiones de carbono, como el acero, el aluminio, el cemento, la electricidad, los fertilizantes y el hierro.
Actualmente, la reglamentación se encuentra en una fase de transición, con vigencia desde 2023, y representa una señal clara del futuro regulatorio. Hasta 2026, las empresas europeas solo deberán informar sobre las emisiones asociadas a sus importaciones. A partir de esa fecha, estarán obligadas a pagar por las emisiones vinculadas a los productos que ingresen a la UE. Esto significa que los actores que deseen formar parte de las cadenas de valor de empresas del mercado europeo deberán ser capaces de reportar sus impactos ambientales, incluidas las emisiones de carbono.
De ello se desprende la necesidad de desarrollar la capacidad de monitorear y reportar las emisiones de carbono de las actividades productivas en Argentina. Esto no solo requerirá equipamiento adecuado, sino también formación técnica para su uso eficiente. A nivel nacional, implementar un sistema de compensación de emisiones local podría no solo mitigar la necesidad de pagar ajustes en la UE, sino también agregar valor dentro de las fronteras argentinas.
En Argentina, la regulación ambiental aún se encuentra en proceso de desarrollo en muchas áreas clave, como es la ley N° 27.520 (Ley de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático Global), la ley N° 25.916 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) o la heterogénea rigurosidad y alcance que se exige al momento de realizar una evaluación de impacto ambiental. Fortalecer los sistemas de reporte de emisiones y promover incentivos fiscales para la adopción de tecnologías limpias podrían ser pasos necesarios para alinear las industrias locales con los estándares internacionales. La colaboración público-privada será esencial para facilitar esta transición.
Para mantenerse competitivas, las empresas argentinas deberían enfocarse en estrategias de reducción de emisiones que incluyan inversiones en energías renovables, eficiencia energética y una mayor transparencia en la medición de su huella de carbono. Además, explorar la participación en mercados de carbono o iniciativas de compensación podría ayudar a mitigar el impacto financiero del CBAM.
Análisis de una normativa europea y su impacto en la región para entender las necesidades de un futuro no tan lejano.
La normativa de la Unión Europea (UE) está intensificando su enfoque en la adaptación y mitigación del cambio climático. Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre un caso particular, y destacar algunas consideraciones que las organizaciones en América Latina, y especialmente en Argentina deberían evaluar.
El Reglamento de la UE 2023/956, que introduce el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), establece un marco para abordar la fuga de carbono. Este fenómeno ocurre cuando las actividades productivas se trasladan a regiones con normativas ambientales más flexibles que las de la UE. La normativa afecta a varios productos intensivos en emisiones de carbono, como el acero, el aluminio, el cemento, la electricidad, los fertilizantes y el hierro.
Actualmente, la reglamentación se encuentra en una fase de transición, con vigencia desde 2023, y representa una señal clara del futuro regulatorio. Hasta 2026, las empresas europeas solo deberán informar sobre las emisiones asociadas a sus importaciones. A partir de esa fecha, estarán obligadas a pagar por las emisiones vinculadas a los productos que ingresen a la UE. Esto significa que los actores que deseen formar parte de las cadenas de valor de empresas del mercado europeo deberán ser capaces de reportar sus impactos ambientales, incluidas las emisiones de carbono.
De ello se desprende la necesidad de desarrollar la capacidad de monitorear y reportar las emisiones de carbono de las actividades productivas en Argentina. Esto no solo requerirá equipamiento adecuado, sino también formación técnica para su uso eficiente. A nivel nacional, implementar un sistema de compensación de emisiones local podría no solo mitigar la necesidad de pagar ajustes en la UE, sino también agregar valor dentro de las fronteras argentinas.
En Argentina, la regulación ambiental aún se encuentra en proceso de desarrollo en muchas áreas clave, como es la ley N° 27.520 (Ley de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático Global), la ley N° 25.916 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) o la heterogénea rigurosidad y alcance que se exige al momento de realizar una evaluación de impacto ambiental. Fortalecer los sistemas de reporte de emisiones y promover incentivos fiscales para la adopción de tecnologías limpias podrían ser pasos necesarios para alinear las industrias locales con los estándares internacionales. La colaboración público-privada será esencial para facilitar esta transición.
Para mantenerse competitivas, las empresas argentinas deberían enfocarse en estrategias de reducción de emisiones que incluyan inversiones en energías renovables, eficiencia energética y una mayor transparencia en la medición de su huella de carbono. Además, explorar la participación en mercados de carbono o iniciativas de compensación podría ayudar a mitigar el impacto financiero del CBAM.